La crisis económica empieza a tener consecuencias políticas. Debajo de un debate en apariencia económico, se está reescribiendo un capítulo importante de las ideologías tal y como las hemos entendido hasta ahora. Ciertamente, con el paso del tiempo, las ideologías han ido perdiendo sentido. Los que hoy son de izquierdas no queman iglesias, ni los que son de derechas quieren una dictadura militar. Ni los primeros hacen ascos a conducir un coche caro ni los segundos dejan de dirigir la palabra a alguna amistad cuando saben que es homosexual.

Pero si hasta ahora algo había sido intocable en la práctica totalidad del mundo era la supremacía del capitalismo como pilar fundamental de nuestro modo de vida: el estado del bienestar, la ley de la oferta y la demanda, la libre regulación del mercado, el libre comercio… todo, absolutamente todo, se ha cuestionado. Especialmente en lo que respecta a la no intervención del Estado en la economía.

Detrás de las multimillonarias inyecciones que han acordado las autoridades económicas de EEUU y Europa se esconde, en gran medida, el dinero que el contribuyente paga al Estado. En esencia, la situación que se produce cuando un Gobierno inyecta dinero a las empresas para solventar una crisis de liquidez, lo que realmente pasa es que el dinero que los ciudadanos pagan en impuestos pasa a manos privadas. Es decir, los mismos ciudadanos que apenas pueden pagar sus facturas a fin de mes, que en muchos casos han sido despedidos o que, en el mejor de los casos, cobran sueldos mínimos comparados con los de otros países, están ayudando a solventar la crisis.

El debate, obviamente, está servido: ¿pagan las empresas privadas dividendos a todos los ciudadanos cuando tienen beneficios? ¿Por qué entonces debe el ciudadano ayudar a las empresas mediante decisión gubernamental?

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