Lo sucedido durante este primer fin de semana de diciembre marcará un punto de inflexión político. El salvaje plantón de los controladores aéreos, que consiguieron cerrar el espacio aéreo de todo el país durante el arranque del puente más largo del año, obliga a ello. El número de afectados ha sido inmenso, las pérdidas para el sector turístico multimillonarias y el mazazo en la ya de por sí maltrecha imagen de España en el extranjero en un momento tan sensible, devastadora.

La magnitud de lo acontecido obligaba al Gobierno a hacer algo, a hacerlo rápido y a solventar la situación. La respuesta fue decidida: decretar, por primera vez en la historia de nuestra joven democracia, el estado de alerta, según el cual se militarizaba la gestión del control aéreo del país y se aceleraba la puesta a disposición judicial de aquellos que siguieran ausentándose de su puesto de trabajo.

La convocatoria de un consejo de ministros extraordinario, la comparecencia del ministro Blanco y la posterior convocatoria del vicepresidente Rubalcaba en plena madrugada del viernes y el movimiento registrado en medios y redes sociales me recordó, inexorablemente, a lo que sucedió entre el 11 y el 14 de marzo de 2004. Que nadie se sienta herido porque las diferencias son obvias: no pretendo comparar el drama de un atentado que sesgó casi 200 vidas con un contratiempo logístico, por más que éste sea de proporciones catastróficas.

El Ejecutivo se juega muchísimo con lo que suceda durante estas semanas: el jueves el presidente del Gobierno comparecerá, a petición propia, en el Congreso para dar cuenta de la decisión tomada. Sabe que cuenta con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios, cada uno a su forma y sin dejar de pensar en los intereses electorales propios.

La cuestión será saber si la historia se repetirá cuando, a mediados de mes, expire el estado de alarma o, a más tardar, en plenas vacaciones de Navidad. De la gestión de este tema, que ha posicionado a toda la sociedad contra un colectivo, depende la posible remontada de un Ejecutivo al que siempre se ha acusado de actuar con falta de determinación.

La sociedad demanda que lo sucedido no haya sido en balde, que los controladores que provocaron el caos sean despedidos y, en caso necesario, respondan a las demandas que pesan en su contra. El Gobierno debe saber zanjar el asunto sin criminalizar a un colectivo que, de malas formas, intenta defenderse.

Los Blanco y Rubalcaba de este viernes son los Acebes y Zaplana de aquellas noches. Una buena gestión de un nuevo desafío al funcionamiento del país puede suponer, como entonces, un cambio de tendencia para los socialistas, un cambio de tendencia que en esta ocasión les ayude a remontar en las encuestas en un momento muy delicado.

Nota: El domingo me llamaron por tercera vez de la Cadena SER para que participara en un breve debate sobre el tema. En esta ocasión tuve el honor de compartir debate con Guillermo Altares, exdirector de Babelia y redactor jefe de elpais.com